 Desafíos pendientes en materia de transparencia
Una gran parte de la agenda legislativa en materia de transparencia todavía se encuentra pendiente. Se trata, entre otros, de los proyectos de ley que regulan materias tan relevantes como el lobby, el gasto de campañas políticas, la contratación de altos directivos públicos y restricciones post-empleo de funcionarios públicos (conocida como “puerta giratoria”).
Lobby
Desde el año 2003 se está discutiendo la regulación legal de esta actividad de influencia en las decisiones públicas. El actual proyecto en discusión fue presentado en noviembre de 2008, a raíz del veto del Poder Ejecutivo al anterior proyecto aprobado por el Congreso Nacional fecha de aprobación. Este nuevo proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputados, tiene actualmente simple urgencia y presenta sólo un 40% de avance (1) desde su ingreso a la fecha.
El proyecto, aprobado en su primer trámite por el Senado, presenta deficiencias importantes desde el punto de vista de la transparencia. Por una parte, la definición de lobby solo incluye a quienes desarrollan esta actividad como una “gestión o actividad remunerada, generalmente habitual”. Se trata de una definición de lobby compleja, confusa y que será difícil de aplicar, y que además excluye a un importante número de actores que en la práctica realizan lobby, pero que no lo hacen de manera remunerada.
Mas grave aún, el proyecto en actual discusión, excluye de esta regulación a las acciones de lobby desarrolladas por los miembros de las directivas de asociaciones gremiales, organizaciones no gubernamentales, corporaciones, fundaciones y colegios profesionales, salvo que gestionen intereses individuales; las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por la ley N° 19.418; y los sindicatos, entre otros. La exclusión a priori de determinadas organizaciones carece de todo fundamento, puesto que el objetivo de una adecuada ley de lobby es trasparentar el ejercicio de una actividad que es legítima.
Financiamiento campañas políticas
Desde fines de 2006 se discuten una serie de perfeccionamientos claves para la transparencia y rendición de cuentas de los candidatos a cargos de elección popular. Se trata de medidas tales como establecer la obligación de todo candidato de tener una cuenta bancaria única, contratar a proveedores que se encuentre inscritos en un registro público y ser legalmente responsable de las infracciones que se cometieran en la administración de los recursos de su campaña. Además se han incorporado indicaciones para lograr una regulación más efectiva del intervencionismo electoral.
No obstante los avances que implicaría la aprobación de estas propuestas, la reciente campaña electoral ha evidenciado una serie de deficiencias que será necesario abordar en la discusión de este proyecto. Por una parte, se ha constatado nuevamente la falta de regulación del período de pre-campaña electoral (es decir, antes que los candidatos formalmente se inscriban), lapso en el cual todos los candidatos realizan gastos que no son rendidos posteriormente, y, por otra parte, se requiere perfeccionar las atribuciones y obligaciones del Servicio Electoral de manera que pueda desarrollar una eficiente fiscalización del gasto electoral durante el período de campaña, y no sólo una fiscalización ex-post en base exclusivamente a las declaraciones de los candidatos, como sucede hoy en día.
A pesar de la relevancia de estas materias, el proyecto sólo tiene un 30% de avance en su tramitación, desde su ingreso a la fecha, y actualmente no tiene urgencia.
Alta Dirección Pública:
El Sistema de Alta Dirección Pública, creado en 2003, ha implicado un gran avance en materia de profesionalización y meritocracia en el proceso de selección de los altos directivos públicos.
Desde principios de 2007 se discute un proyecto de ley que busca, entre otras materias, incorporar a la mayor parte de los servicios públicos actualmente excluidos de este sistema. De aprobarse el proyecto, serían sólo 5 los servicios públicos que quedarían excluidos del sistema.
Por otra parte, el proyecto propone fortalecer el gobierno corporativo del Sistema separando de mejor manera las funciones del Consejo de Alta Dirección Pública y del Servicio Civil. Se propone que este Consejo sea presidido por el Subsecretario de Hacienda, lo que debiera ser adecuadamente evaluado a fin de evitar interferencias políticas en el funcionamiento del Consejo. Una mejor alternativa sería que esta instancia fuera presidida por uno de los consejeros, elegido por sus pares.
Finalmente, el proyecto fortalecer los procedimientos de selección, mejorar la publicidad de éstos y establecer un mecanismo de rendición de cuentas ante el Senado
El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional, en la Cámara de Diputados, actualmente no tiene urgencia, y sólo presenta un 10% de avance desde su ingreso a la fecha.
Puerta Giratoria
Desde mediados de 2006 se discute el proyecto sobre impedimentos para ocupar cargo en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo, conocido como puerta giratoria. Este proyecto de ley busca establecer prohibiciones para que el funcionario público fiscalizador pueda, una vez que deja el Estado, trabajar para el ente fiscalizado por un plazo determinado, de manera de prevenir posibles conflictos de interés. Se incluye en esta prohibición a quienes hubieren ejercido funciones directivas o profesionales en instituciones fiscalizadoras, a quienes hayan desempeñado las mismas funciones en la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en la Comisión Nacional de Energía, en las Subsecretarías de Transporte y de Telecomunicaciones, en la Subsecretaría de Pesca y en el Servicio Nacional de Pesca. Posteriormente, también se incluyeron a inspectores Fiscales del Ministerio de Obras Públicas y Directores de Obras Municipales.
El proyecto fija el plazo de la incompatibilidad en un año a contar del cese de funciones y establece una indemnización (por una sola vez) a favor de este personal. Se prohíbe a estas mismas personas desarrollar actividades de lobby respecto de entidades del sector privado sujetas, a la fiscalización del órgano en que se desempeñaban por un periodo de dos años.
Este proyecto de ley se encuentra en su primer trámite constitucional, en la Cámara de Diputados, actualmente no tiene urgencia, y presenta sólo un 30% de avance en su tramitación desde su ingreso a la fecha.
Estos son algunos de los 13 proyectos de ley pendientes que son claves para la transparencia en el país. Los avances logrados en este ámbito, en los últimos años, deben ser consolidados mediante la modernización de nuestra regulación legal en esta área. Se requerirá de voluntad política y de un gran trabajo técnico para perfeccionar y aprobar en un breve plazo estos desafíos pendientes.
Ver detalles de la tramitación de estos proyectos
1 El porcentaje de avance mide el progreso en la tramitación de cada proyecto de ley, en base a la etapa actual de su tramitación en relación al número de etapas total de tramitación que requiere para ser aprobado, promulgado y publicado.
|
